Lunes, febrero 13, 2012 8:56 pm, Escrito por Redaccion 3 | Destacados, El tema del día, Sociedad y Justicia

¿Por qué hay tantos linchamientos en Edomex? mancha urbana y estallido social

Etiquetas: estallido social, inseguridad, Linchamiento, linchamientos Estado de México, pobladores, tres linchados en San Mateo Huitzilizingo, violencia tumultuaria Edomex

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Ya no es notícia pero es igualmente atroz:tres albañiles fueron linchados el viernes 10 de febrero en San Mateo Huitzilzingo, Chalco, en otro evento de confusión, paranoia y ”justicia por propia mano”. ¿Cuál es la razón por la cual las bolsas de pobreza alrededor del DF se están convirtiendo en polvorines de violencia tumultuaria?

El linchamiento de tres inocentes

La historia se repite. Y ha terminado, como ya es atroz costumbre, de una forma horripilante. Así sucedió el viernes 10 de enero del 2012: Pobladores de San Mateo Huitzilzingo, Chalco, lincharon a tres hombres, a quienes acusaban de intentar secuestrar a un estudiante. Todo sucedió en la explanada de la Delegación Municipal: dos de ellos murieron quemados con gasolina, mientras que el tercero falleció en un hospital, luego que fuera rescatado por elementos de la Policía del Estado de México.

Algunas mujeres gritaron que los desconocidos eran secuestradores, el revuelo se armó, las campanas sonaron y los extraños terminaron muertos de la peor manera. Esta vez, y como sucede a menudo, fue un error. Las tres personas fallecidas eran inocentes: José Manuel Mendoza Gil, de 26 años, albañil y propietario de la camioneta incendiada; Raúl Aboytes García, ayudante de una papelería, de 16 años, y Luis Alberto Cárdenas Hernández, también albañil de 16, originarios de una comunidad cercana a Chalco que ahora pide venganza.

Brutal linchamiento en el valle de Chalco; ¿rutina expiatoria? (Foto: impacto.mx)

Según detallaba Edomex al día, durante 2011 y lo que va de 2012, el Estado de México presentó 62 casos de intento de linchamiento, de los cuales, tres lograron consumarse y en los que perdieron la vida seis personas. Tras el linchamiento registrado el pasado viernes en el municipio de Chalco, el secretario de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme Sastré señaló que de ninguna forma se debe tolerar ese tipo de situaciones, pues “nadie está facultado para hacerse justicia por propia mano en el Estado de México” .Durante 2011 la entidad tuvo 50 eventos de esa naturaleza, en los cuales se logró rescatar a la mayoría de las personas a las que turbas enardecidas golpearon; no obstante, de esos hechos tres personas murieron a consecuencia de las lesiones y heridas provocadas por la población.

Neme Sastré , un personaje de oscuro historial, hijo de gobernador priista de Tabasco, recordó que en los dos primeros meses de 2012 se han registrado 11 intentos de linchamiento, incluido el sucedido la noche de viernes en el que tres presuntos secuestradores fueron rociados con gasolina y quemados por la población de Hutzilzingo hasta quitarles la vida. La mayoría de esos hechos, dijo, se presentaron en Chiautla, Ixtlahuaca, Ixtapaluca, Naucalpan, Toluca, Temoaya, Teotihuacán, Tultitlán y Zinacantepec, comunidades con alto nivel de marginación y analfabetismo, ubicadas por norma general en la zona metropolitana del DF

Causas y razones de los linchamientos

Como parte de la crisis estructural de la sociedad mexicana, los tumultos de violencia colectiva se han incrementado en varios lugares de nuestro país. Este era un fenómeno poco usual. Parecía un atavismo a superar y como tal provocaba gran horror en tiempos del desarrollo estabilizador, como el famoso linchamiento de cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla en San Miguel Canoa en 1968, evento simbólico del clima de paranoia y guerra fría azuzado por los poderes fácticos de la época.

Pero como atestigua el estudio que presentamos a continuación, los linchamientos pasaron a ser norma en un escenario de inseguridad permanente, descomposición social y pobreza galopante. Usados en clave política, tal cual sucedió con los muy mediáticos linchamientos de Tláhuac, en 2004, esas formas de explosión se han convertido en un fenómeno recurrente que algunos científicos sociales han intentado describir en todo su terrible proceso. Es el caso de Carlos M. Vilas, sociólogo argentino que estudió el asunto de los linchamientos en el espacio de más de una década (1987-1998). Estas son sus conclusiones;

(In)Justicia por mano propia: linchamientos en el México contemporáneo / Carlos M. Vilas

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Linchamiento en México: una costumbre que se extiende (Foto: impacto.mx)

Con mayor dramatismo que otras cuestiones, el linchamiento expresa la conflictiva coexistencia de diferentes órdenes axiológicos y normativos dentro de una misma sociedad; la existencia de profundas fracturas en su orbe cultural; la muy parcial eficacia de las instituciones públicas y su reducida legitimidad. Ilustra asimismo el carácter desigual y contradictorio de los procesos convencionalmente denominados de modernización, que avanzan mucho más rápido en la implantación formal de las grandes instituciones y en procesos macrosociales que en la gestación de nuevos comportamientos y prácticas microsociales. En todo caso, la legalidad formal es puesta a prueba por la configuración efectiva de la existencia diaria. La legitimidad formal del ejército, la policía, la agencia recaudadora de impuestos, puede y suele desvirtuarse por los abusos de autoridad, la connivencia con el delito, la negligencia, el recurso a marcos valorativos conflictivos, etcétera, predominantes en los escenarios locales. Es sugestivo, en este sentido, que los hechos que motivan los linchamientos se refieran todos a cuestiones cotidianas en las que se hace patente la ausencia de penetración estatal –es decir, la ineficacia de las instituciones públicas—o su falta de legitimidad desde la perspectiva de determinados grupos de población.En el fondo, estos conflictos llaman la atención sobre la complejidad de los procesos de formación estatal efectiva y legítima en sociedades multiculturales, así como la impunidad que, en el periodo y los escenarios observados, caracteriza al desempeño local de buena parte de los poderes públicos.
Al mismo tiempo, los linchamientos dan testimonio del carácter inacabado del proceso de construcción estatal, tanto en su dimensión cultural o ideológica, como en lo que toca a la eficacia y a la legitimidad de su penetración en la sociedad. Dada la solidez institucional del Estado mexicano en comparación con otros de América Latina en contextos multiétnicos y en geografías similarmente extensas y variadas, esta afirmación puede parecer un sin sentido. Se ha señalado en la primera parte, sin embargo, que la presencia física del Estado, en particular de sus instituciones de coacción y control de la población, cuando carece de legitimidad, genera efectos tan conflictivos como la ausencia de tales instituciones cuando la población siente que la necesita. El poder institucional del Estado se convierte en autoridad cuando es reconocido como legítimo; en contextos de empobrecimiento amplio, inseguridad generalizada e impunidad, tal reconocimiento implica un juicio de valor a partir de premisas derivadas de la vida cotidiana, mucho más que de las grandes narrativas de la legalidad formal.Tampoco parece posible afirmar una relación significativa entre linchamientos y niveles convencionales de desarrollo socioeconómico; la comparación internacional señala la presencia de linchamientos en contextos socioeconómicos muy variados (a lo largo del texto se ha hecho referencia al recurso al linchamiento en escenarios mucho más “desarrollados”), del mismo modo que sociedades de similares características de desarrollo (en términos de ingreso por habitante, patrones de distribución espacial de la población, inseguridad, u otras) no muestran fenómenos de este tipo, o sólo los presentan excepcionalmente. Sin descartar la incidencia de estas variables, la diversidad de escenarios destaca al linchamiento como recurso para llenar un vacío de presencia o legitimidad estatal.
No es posible sin embargo establecer una relación demasiado fuerte entre el multiculturalismo de una formación social y la mayor o menor propensión al recurso de la violencia por mano propia bajo la forma de linchamientos o modalidades relacionadas. Aunque el tema excede los alcances de este texto, se ha hecho referencia a la ejecución de linchamientos en sociedades de mayor homogeneidad étnico-cultural como, por ejemplo, Argentina.En sentido similar puede mencionarse el gran número de linchamientos que se registra en Guatemala con posterioridad al reciente conflicto revolucionario, la aparición del fenómeno en Argentina en una década de acelerada reconversión social y económica en clave neoliberal, o la generalización de linchamientos raciales en Estados Unidos después de la guerra civil. Para poder pisar firme en este terreno se requiere, sin embargo, una investigación que cubra un periodo más extenso que el aquí trabajado.
El linchamiento se presenta enmarcado por escenarios de cambios macrosociales y macropolíticos profundos que impactan severamente en los microcosmos locales. La amplia reestructuración socioeconómica e institucional de México en las décadas de 1980 y 1990 introdujo modificaciones de grandes proyecciones en la vida cotidiana de la gente, cuestionaron certidumbres y alteraron rutinas. La magnitud de los cambios fue agravada por su celeridad. Aunque la presente investigación se centró en ese periodo, se ha señalado en la sección anterior la ejecución de linchamientos en otros momentos equivalentes de la historia reciente de México, aunque el signo o la orientación de esos cambios hayan sido otros –por ejemplo, en el marco de la reforma agraria y el impulso a la “educación socialista” en la década de 1930. Lo persistente es el tremendo cimbronazo provocado por las políticas del estado y las transformaciones a nivel macro social o macroeconómico en la vida cotidiana de grandes grupos de población, sobre todo de población que ya era vulnerable antes de esas transformaciones.En ambos casos el estado se manifiesta incapaz de ejercer efectivamente su pretensión coactiva –ultima ratio de su aspiración a la legitimidad. Esa incapacidad se refiere tanto a la prevención de los hechos que se imputan a los linchados, como a la ejecución misma de los linchamientos, y alcanza su mayor expresión en los casos en que el linchado es arrancado previamente de las manos de las autoridades policiales que lo habían detenido.
El linchamiento puede ser interpretado como una de las modalidades que asume en estos escenarios la retención/reapropiación de la violencia, como modo de resolución de conflictos y de consolidación de la unidad y la identidad del grupo frente a la deslegitimada normatividad institucional del estado. Es posible distinguir en este sentido dos tipos de linchamiento: los que expresan la ejecución de una violencia punitiva que el grupo se resiste a transferir a las instituciones públicas, y los que implican una reapropiación de violencia punitiva cuando en ciertas situaciones su monopolio por el estado es visto como ineficaz.En todos los casos el clima de inseguridad generalizada y la convicción respecto de la inoperancia o la complicidad de las instituciones públicas, definen el trasfondo social de los linchamientos. Este es un sentimiento particularmente arraigado en algunos territorios con mayor gravitación demográfica de pueblos indígenas, sometidos con frecuencia a múltiples formas de discriminación y violencia institucional –situación que posiblemente refuerza la asociación del recurso a la justicia por mano propia con la vigencia de redes de identidades y solidaridades comunitarias. El linchamiento aparece, para quienes lo ejecutan, como una forma normal de reparación de agresiones. La rápida recuperación del ritmo usual de vida en las comunidades, barrios, etc. tras la ejecución del linchamiento sugiere que éste no es visto por sus autores como algo excepcional o extracotidiano; forma parte del repertorio legítimo de respuestas a determinados hechos.
La existencia de un tejido comunitario o de fuertes identidades grupales no incrementa por sí misma la proclividad de un grupo de personas a ejecutar un linchamiento, aunque sí parece aumentar la probabilidad de formas particulares de ejecutarlo: deliberaciones previas, apelación a un sistema normativo alternativo, etc. Es posible diferenciar también en este sentido entre estos linchamientos comunitarios que explicitan el referido fenómeno de retención de violencia punitiva por parte del grupo, y los más espontáneos típicos de las grandes ciudades, que hemos caracterizado como ilustración de la reapropiación de la violencia por los actores sociales.En las ciudades el linchamiento da testimonio del hartazgo de la gente con las condiciones de inseguridad, violencia, impunidad, venalidad ycorrupción policial y gubernativa típicas de muchas grandes urbes latinoamericanas. Frente a los ingredientes de ritualismo, organización y deliberación que se registran en los linchamientos comunitarios, los linchamientos urbanos se presentan como brutales explosiones inorgánicas de ira furiosa tanto frente al detonante concreto como, en el fondo, a la ineficacia estatal para garantizar la convivencia social.
El linchamiento comunitario hace explícito el conflicto de diferentes órdenes normativos y axiológicos y su diferenciada recensión legal. Incluso cuando no existe evidencia de venalidad o complicidad de las instituciones estatales en la generación del sentimiento de injusticia o inseguridad, el conflicto deriva de ese choque de sistemas normativos y de la jerarquía de valores implícita en ellos. Independientemente de las manipulaciones a las que puede ser sometido, el despliegue formal de garantías procesales, típico del derecho penal moderno, puede ser vivido como un sistema injusto cuando permite la libertad (condicional, bajo fianza o bajo prueba) de quien ha causado un daño, o cuando similar tratamiento es negado a los miembros del propio grupo.
Los escenarios predominantes de los linchamientos son de pobreza, opresión, subalternidad: el mundo de los de abajo –según el título de la recordada novela de Mariano Azuela. El linchamiento se presenta, fundamentalmente, como violencia de pobres contra pobres, unos y otros compartiendo la misma falta de justicia institucional. Ilustra, por lo tanto, respecto de los sesgos étnico-culturales y de clase que discriminan en el acceso a las instituciones públicas, incluso en cuestiones básicas como la vida, la libertad, la dignidad o el patrimonio de las personas –los valores a partir de cuya defensa se legitima la institución del estado desde la perspectiva de la teoría política liberal.